Favor, con favor se paga.
Luciano Eutimio Armas Morales
Mi padre, (QEPD), que fue alcalde de Frontera entre 1968 y 1975, recuerdo que decía que los peores enemigos de un alcalde eran sus amigos, porque eran los únicos que se atrevían a pedirle un favor, sobre algo que no era legal o no era justo.
Y efectivamente, yo creo que un político en el ejercicio de su cargo nunca debe hacer un favor a un ciudadano, porque hacer un favor es favorecer al alguien, a costa de perjudicar a otros ciudadanos, que quizá lo merecen o lo necesitan más, o simplemente, no sabían que tenían derecho a pedirlo, porque a veces los favores consisten simplemente en facilitar información privilegiada.
La inversión en comprar voluntades
Clint Murchison, que en los años sesenta del pasado siglo era unos los hombres más ricos de América, dueño de compañías petrolíferas y de construcción, y que presuntamente estuvo implicado en la financiación de la conspiración para asesinar al presidente Kennedy, decía que “...el dinero es como el estiércol, si se esparce bien, (En sobornos, quería decir), suele dar muy buenos frutos”.
Un político elegido para representar a los ciudadanos y defender y administrar los intereses de estos, debe tener bien claro que el bien común y los intereses de aquellos a los que representa debe prevalecer siempre sobre los intereses particulares, y que su actuación debe estar regida por principios de transparencia, equidad e igualdad de oportunidades.
Pero aquí hay además una diferencia fundamental: cuando un empresario particular invierte en comprar voluntades a políticos, para que luego le favorezcan, lo hace con su dinero. Pero cuando un político invierte tratando de comprar la lealtad o el voto de los ciudadanos, no lo hace con su dinero, sino con el tuyo, con el mío y con el de los demás vecinos.
Los planes estratégicos de subvenciones
La Ley 38/2003 que regula los Planes Estratégicos de Subvenciones en las administraciones públicas, establece como deben concretarse los objetivos que se pretenden con eficacia y un seguimiento de estos para evaluar el logro de los resultados. Pero puede darse una perversión de la dimensión y de los objetivos de un plan estratégico de subvenciones y derivar en una ineficacia de la gestión y un procedimiento de compra de adhesiones, que es un caso de corrupción.
Hablemos de los cabildos. El Cabildo es una institución pública cuya misión es gestionar el dinero recibido de los ciudadanos y convertirlo en obras y servicios, atendiendo siempre el bien común y la protección y ayuda a los más desfavorecidos. Los políticos deciden en que invertir, y los funcionarios hacen su trabajo determinando como hacerlo. En el ámbito de las subvenciones, o en cualquier otro. La ecuación es así de sencilla.
El trabajo de los funcionarios es fundamental para que esa institución funcione y cumpla sus objeticos. Pero si esa organización paquidérmica y lenta no funciona no es por culpa de los funcionarios, sino de los políticos que tienen la obligación de elegirlos con criterios de capacidad y mérito, y luego, formarlos, organizarlos y motivarlos. El fracaso pues no es achacable a los funcionarios, sino a los políticos que deben organizarlos y motivarlos.
El Cabildo Insular de El Hierro, al igual que otros cabildos, tiene en su presupuesto anual un capítulo denominado “Plan estratégico de subvenciones”. Contempla aquellas partidas presupuestarias que se destinarán a subvenciones a particulares, empresas o asociaciones sin ánimo de lucro, que se supone son de interés social, y contribuirán a mejorar la situación socioeconómica de la mayoría de los herreños.
Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el de otros cabidos insulares, tenemos notables diferencias. El Cabildo herreño ha consignado en el último año presupuesto un total de 12.199.466,41 € para subvenciones. Si tenemos en cuenta que el presupuesto total del año para el cabildo ha sido de unos cuarenta y cinco millones de euros, esto supone que algo así como la cuarta parte del presupuesto del Cabildo se dedica a dar subvenciones, es decir, a repartir dinero a diestro y siniestro
Si analizamos un poco más el presupuesto, observamos que el Cabildo dedica al capítulo de personal algo así como el 29,% del mismo, estando por encima de la media de otros cabildos. A gastos generales el 12,5% del presupuesto, y a inversiones reales, ¡ASOMBRENSE!, el 4,4 % del presupuesto. A pesar de dedicar tanto presupuesto a personal y de contar con magníficos profesionales entre funcionarios y personal laboral, el cabildo es un ineficiente gigante burocrático que se dedica a repartir dinero entre ciudadanos y empresas, casi tres veces más de lo que dedica a inversiones reales, ante su incapacidad para gestionar e invertir los recursos propios y los que le llegan de otras instituciones.
Veamos ahora algunos datos comparativos: En Lanzarote las inversiones reales representan en el último ejercicio, un 26,25 % del presupuesto y el plan estratégico de subvenciones está dotado con 16,26 millones, que representa el 8.8 %, de los cuales doce millones están destinados a obras en cooperación con municipios y a aguas. El importe de inversiones reales es muy superior al de subvenciones. En Fuerteventura, las inversiones reales son de un 11,% del presupuesto y el plan estratégico de subvenciones un 7,8 % del mismo.
En Tenerife, por ejemplo, el Plan Estratégico de Subvenciones es de 23,1 millones, que, con un presupuesto total de 946,8 millones, representa un 2,44 % del mismo.
Otro dato comparativo: El Cabildo de Tenerife, con un presupuesto de más de novecientos millones de euros, dedica al sector pesquero una subvención de 140.000, para “Financiar los gastos corrientes generados por las Cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife para el desarrollo de su actividad, mantenimiento del funcionamiento administrativo de las Cofradías de Pescadores y para apoyo a la comercialización de productos pesqueros.” Pero en El Hierro, con un presupuesto de cuarenta y cinco millones, aplican 750.000, € solo para la compra de barcos de pesca. Y un solo pescador de El Hierro, recibe más subvención que todos los pescadores de Tenerife juntos. No es de extrañar que la gente hable de un gran pelotazo.
Si observamos con cierto detalle el último presupuesto del Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de El Hierro, podemos constatar: Del ejercicio de 2.018 al ejercicio del 2.022, este presupuesto ha pasado de 4.961.369,94 € a 10.003.247,93 €, es decir, las subvenciones han aumentado más de doscientos por cien, mientras el presupuesto total del cabildo ha aumentado algo así como un diez por ciento.
Veamos detalle de algunas partidas del Plan Estratégico de subvenciones: Sanidad y servicios sociales: 443.577, €; Educación cultura y deportes: 619.500,€; bonificaciones al transporte: 115.000,€; Medio Rural y Marino: 2.463.000,€ de los cuales, 300.000,€ van destinados a subvenciones a seguros autónomos de agricultores, y 750.000,€ para la compra de embarcaciones de pesca.
¿Quiere usted comprar un barco?
Esta cifra, 750.000,€ para la compra de embarcaciones de pesca, es casi tanto como todo lo que el Cabildo de Lanzarote dedica a Agricultura, Ganadería y Pesca; y algo menos, de lo que dedica La Palma a este capítulo, a pesar de que el presupuesto del Cabido de La Palma es cuatro veces más que el Cabildo de El Hierro, pero con la particularidad, de que casi el noventa por ciento de ese presupuesto ha ido a parar a tres pescadores de La Restinga.
Este hecho, por ejemplo, ha provocado cierto revuelo no solo en el sector pesquero, sino en el conjunto de la sociedad herreña. Si comparamos, esta cifra es cinco veces más que la destinada a bonificar el transporte por el Cabildo de El Hierro, que es uno de los factores que encarecen la cesta de la compra a todos los herreños, y un importe superior al total dedicado a Cultura y Deportes.
Obviamente, no pretendemos afirmar que ese procedimiento haya sido ilegal a pesar de que existen muchas sombras en el mismo, pero si tenemos serias dudas de que haya sido justo, porque lo justo, no siempre coincide con lo legal. El objetivo de las subvenciones es tratar de cubrir necesidades básicas de colectivos desfavorecidos o instituciones sin ánimo de lucro, y tratar de dinamizar la economía. Pero no repartiendo dinero a ciudadanos como quien reparte cromos, a beneficio casi siempre de los que están mejor informados o de los que recurren a intermediarios a cambio de una comisión, que de todo hay, desvirtuando además la finalidad de la subvención.
El capítulo de subvenciones dedicado a dinamizar la economía debe incidir en factores que beneficien a todo un sector, y no a algunos votantes o allegados. Por ejemplo, abaratamiento del combustible, del transporte o de la electricidad. Oficinas públicas de asesoramiento a pequeños empresarios y agricultores en aspectos técnicos, administrativos o informáticos. Promover el uso de energías renovables en automoción, hogares, agricultura e industrias, facilitando una amplia red de puntos de recarga gratuitos y asesoramiento en proyectos. En fin, todas aquellas actuaciones que beneficien al conjunto de los ciudadanos, y no a los cuatro de siempre.
Sabemos que, con harta frecuencia, la corrupción se infiltra en los procedimientos administrativos, concursos o licitaciones para darles apariencia y forma de legalidad, porque resulta muy difícil detectar o reunir pruebas de esas irregularidades. Si en unas oposiciones, un opositor recibe con antelación el contenido o pruebas de los exámenes, ¿Cómo podría demostrarse que obtiene el puesto de trabajo de forma fraudulenta, en perjuicio de otros opositores, quizá con más conocimientos y capacidad?
Y si en un procedimiento para otorgar subvenciones, por ejemplo, requieren de una abundante y compleja documentación y dan un plazo de solo diez días para presentar solicitudes, ¿No se puede deducir, que, si alguien ha tenido conocimiento con antelación de las bases y requisitos, tendrá notables ventajas ante otros ciudadanos?
¿Y si ante la licitación de una obra las bases y requisitos son como un traje a la medida de determinada empresa, que tendrá una ventaja competitiva frente a otras? La picaresca de “hecha la ley, hecha la trampa” también se aplica aquí. Hecha la ley, que pretende una justa y equitativa igualdad de oportunidades para todos, hecha la trampa, para conseguir que lo injusto o lo corrupto reciba las bendiciones de la legalidad.
El espíritu de la ley con los Planes Estratégicos de Subvenciones exige tramitarlos con transparencia, objetividad y eficacia, y cumplir los fines sociales propuestos, pero cuando se desvirtúa, y se convierte en un procedimiento de reparto de dinero público en el que además hay un intercambio de cromos, aunque tengan todas las apariencias de legalidad, estamos ante claros casos de corrupción encubierta.
Lo decía Clint Murchison: “El dinero es como el estiércol. Si lo esparces bien, (En subvenciones), suele dar muy buenos frutos, (En votos).”
Pero cuando existe codicia corruptiva, hay otras formas de conseguir buenos frutos incluso sin invertir dinero. Por ejemplo, con un Proyecto de Interés Insular, transmutando un colegio en una instalación industrial de trituración de áridos. Pero de esto comentaremos otro día, porque hoy ya me he pasado de las 1.800 palabras.
