Redacción/El Pleno del Cabildo de El Hierro, aprobó hoy, por unanimidad una moción del Partido Popular (PP), con las enmiendas del equipo de Gobierno (PSOE, Asamblea Herreña y IUC-Reunir), y el voto favorable de AHI, en la que se insta a la protección de los propietarios frente a la ocupación de inmuebles, la agilización de los procesos judiciales y el fomento de la vivienda pública.
La moción aprobada señala que, en la actualidad, los propietarios de viviendas sufren una desprotección jurídica ante la ocupación ilegal de su propiedad. “La sociedad herreña y sus instituciones no pueden dar la espalda ante esta realidad, que pone en peligro la protección de la propiedad privada y la economía de muchas familias, que dependen de estos ingresos para poder suscitar”.
En este sentido, el Cabildo herreño opina que se debe “afrontar el problema de la desocupación de la vivienda implementando políticas de rehabilitación y de control de la informalidad de los arrendamientos y fortalecer las estructuras de soporte social para evitar que las situaciones sociales de vulnerabilidad de las personas arrendatarias sean soportadas por las personas propietarias de las viviendas. Asimismo, insta a impulsar la dotación de los Juzgados, su eficiencia y la efectividad de la Administración de Justicia para agilizar los procedimientos judiciales e impulsar la promoción de vivienda, especialmente de vivienda protegida, “como fundamento de nuestro desarrollo social y económico, y como garantía de futuro para nuestra comunidad”.
El Cabildo herreño dará traslado de este acuerdo al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias.
Según ha informado el Cabildo, en los antecedentes de esta moción, se pone en evidencia que en los últimos tiempos se ha ido instalando una alarma social entre los propietarios de viviendas que pone el acento en la legítima preocupación acerca de la lentitud y ausencia de medios de la Justicia a la hora de defender su legítimo derecho a la propiedad privada, lo cual redunda en una percepción de desprotección jurídica y, en algunos casos, crea desconfianza a la hora de poner en alquiler inmuebles de su propiedad, muy especialmente en el caso de los pequeños propietarios, más vulnerables ante este tipo de situaciones.
Por más que la incidencia de este problema impacta de forma muy limitada en la sociedad canaria en general y herreña en particular (de acuerdo con los datos oficiales, apenas un 0.2% de las viviendas canarias se han visto afectadas por situaciones de este tipo), las instituciones herreñas no pueden dar la espalda ante esta realidad, que pone en peligro la protección de la propiedad privada y la economía de muchas familias, que dependen de estos ingresos para poder subsistir.
Entre 2018 y 2024, se han ocupado más de 4.000 viviendas en Canarias, según los datos de allanamientos y usurpación de inmuebles del Portal Estadístico Criminalidad del Ministerio del Interior. Datos provenientes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y las Policías Locales. “Una cifra que nos muestra sólo una parte del problema, puesto que no refleja aquellas ocupaciones o intentos de ocupación que se resuelven por la intervención directa de propietarios y vecinos”, señala el Cabildo herreño.
