Por Raúl Acosta Armas*.
Un pueblo sin memoria está condenado a la bruma del olvido, en un camino lento pero inexorable hacia su desaparición como tal. Si las fuentes históricas documentales son ignoradas por ese mismo pueblo o por quienes tienen la obligación moral y legal de preservarlas, nadie recordará mañana lo que fue ayer.
Nuestra identidad, forjada durante siglos gracias a la suma de influencias, culturas y gentes de diversas procedencias, irá quedando circunscrita al testimonio oral de nuestros mayores, una tradición de incalculable valor, pero frágil y necesitada igualmente de la máxima protección. Recientemente asistí a una charla impartida por mi antiguo profesor D. Modesto Jiménez Pérez donde nos recordaba la necesidad de un archivo histórico para recopilar las fuentes, máxime con la historia negra que había tenido la isla con varios incendios que nos hicieron perder siglos de historia.
Buena parte de esa memoria colectiva se asienta en el denominado patrimonio documental, que en Canarias está regulado en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. La norma se aprobó para “la custodia, conservación, inventario, protección y difusión del Patrimonio Documental de Canarias, a través del Sistema Canario de Archivos. Este sistema se diseña como un conjunto de órganos y servicios, descentralizados, a través de los cuales tanto la Comunidad Autónoma como cada uno de los Cabildos Insulares tienen capacidad para recoger, conservar y servir la documentación que se produce en su ámbito respectivo”.
“Los archivos - señala el propio texto- contienen los testimonios de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra comunidad. Son la memoria de las mismas y como tal deben estar al servicio de los ciudadanos, tanto en el ámbito de la gestión administrativa, como en el de la investigación histórica y la actividad cultural”.
Seis de los siete Cabildos Insulares han puesto en marcha desde entonces sus respectivos archivos insulares, bajo el espíritu y la letra de esa ley que, junto a la normativa de desarrollo reglamentario, integran un conjunto normativo imprescindible para la preservación de un legado de enorme valor.
La única isla que aún no dispone de su archivo histórico es, desgraciadamente, El Hierro. A pesar de que a principios de 2019 se anunció la puesta en marcha del servicio, con una primera fase de recopilación documental, aún hoy no se ha conseguido el propósito de que “pueda ser utilizado por los investigadores y los propios herreños para acceder a todo tipo de documentos históricos de la isla”, tal y como se dijo en aquel momento.
El Cabildo, como promotor del servicio y responsable en primera instancia de velar por el patrimonio histórico de la isla, debe agilizar al máximo los plazos para su puesta en marcha.
Cada mes, cada año que pasa sin que se catalogue, regularice o digitalice las diversas fuentes documentales existentes en la Isla, un trozo de nuestra memoria colectiva se perderá en esa bruma, quizás para siempre.
También debemos hacer un esfuerzo por preservar la memoria oral que vamos perdiendo con nuestros mayores y que gracias a los medios digitales podríamos inmortalizar. Como dijo el escritor y etnólogo malí Amadou Hampâté Bâ, “cuando una persona anciana muere, una biblioteca arde”.
*Raúl Acosta Armas, diputado del Parlamento de Canarias por la Agrupación Herreña Independiente (AHI).
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