Política

Redacción/Así lo ha asegurado el concejal del Partido Popular en La Frontera, Johan González, quien denuncia que ambas administraciones gobernadas por el PSOE “no han sido capaces de ponerse de acuerdo para financiar la apertura de las piscinas durante todo el año”. 

Según González “las Piscinas Cascadas del Mar se abrieron tarde, en septiembre, y sólo para dos meses. Es incomprensible que en todo ese tiempo no se haya articulado la manera de mantenerlas abiertas todo el año, no sólo por ser un lugar de baño accesible, sino que es un espacio clave para las personas mayores y con necesidades de rehabilitación” señala González. 

“El Ayuntamiento de La Frontera no puede, ni debe asumir el coste total que supone abrir Cascadas del Mar o mantenerlas abiertas, debe ser un trabajo conjunto entre administraciones, que con voluntad, sean capaces de financiar este servicio esencial en nuestro municipio”. 

González, pone como ejemplo el caso de las piscinas municipales del municipio  de la La Guancha en Tenerife, donde el Cabildo de Tenerife (PSOE) le concede al Ayuntamiento de La Guancha (PP), 758.000 euros para la apertura de esta infraestructura.

“Con una décima parte de lo que destinó el Cabildo de Tenerife a La Guancha, tendríamos las piscinas abiertas durante todo el año” señala el concejal popular.

En este sentido, el edil popular exige que se mantenga el servicio de actividades acuáticas para mayores y personas con necesidad de rehabilitación durante todo el año “funcionó al principio de la legislatura, antes de la pandemia, incluso en los meses más fríos. Esperamos que se puedan retomar una vez se reabran de nuevo las piscinas”.

GMº/Una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en el parlamento autonómico para solicitar al Gobierno de España el mantenimiento del descuento por litro de combustible (20 céntimos de euro) más allá del 31 de diciembre, en aquellas islas donde donde la falta de competencia releguen a los ciudadanos a no poder elegir entre comercializadoras y precios como en El Hierro. En la isla las tres estaciones de repostaje de combustible están operadas por la empresa DISA Canrias. 

La PNL, que fue defendida por el diputado herreño del Partido Popular, Juan Manuel García Casañas, fue rechazada con los votos en contra del PSOE, ASG, NC y Sí Podemos.

García Casañas, lamento la actitud del Gobierno autonómico que “no hace nada para resolver un problema que afecta a 11.000 personas”, y que se ha convertido en una sangra para las empresas, trabajadores y las familias herreñas que se ven sometidas a un empobrecimiento debido a los altos costes del combustibles, antes derivado de la doble insularidad y ahora como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

Entre las razones esgrimidas por los grupos rechazantes de la moción, esta la justificación de que “las excepciones fiscales solo enriquecen a las empresas y no repercuten en los ciudadanos” en el caso de ASG y Sí Podemos; NC aseguró que “ya están trabajando en medidas de choque contra este agravio comparativo que sufren las islas menores”, mientras que el PSOE aseguró que aseguró que el Ejecutivo autonómico va a luchar por que el Estado prorrogue el descuento al combustible más allá del 31 de diciembre, cuando decae el decreto que establece este descuento.

Redacción/El diputado por El Hierro del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero (AHI), ha exigido al Gobierno que defienda ante el Estado la presencia de Canarias en este ente y ha advertido que “si no formamos parte de este órgano, las instalaciones aeroportuarias de las islas seguirán con el grado de abandono que padecen hoy en día, con ejemplos como los de la terminal de Sur de Tenerife o la terminal de El Hierro que no tienen unas instalaciones dignas y que se han quedado pequeñas para el tráfico que soportan cada una de ellas”.

Quintero ha explicado en el Parlamento que, Canarias necesita gestionar e invertir en sus aeropuertos, “si es esencial para una Comunidad Autónoma, esa es la nuestra”.

“Solo así podríamos garantizar el interés general y que no sea la parte privada la que decida sobre las condiciones de los inmuebles más estratégicos para nuestra conectividad”.

El diputado herreño asegura que, los principales aeropuertos canarios están entre los terceros y cuartos en movimiento de pasajeros y son de los que más beneficios reportan ha ANEA, “en contrapartida, no están colocados entre los primeros en cuanto a la inversión de la compañía”, en este sentido Quintero denuncia que AENA compró en Brasil, el pasado verano, 11 aeropuertos por un importe de 500 millones de euros, mientras el Gobierno de Canarias mira para otro lado, “no fomenta la asunción de las competencias que le corresponden y dejan que decaiga la calidad y el estado de las instalaciones. Mientras, los beneficios se van fuera, a satisfacer otros intereses”.

Desde el Grupo Nacionalista Canario “estamos convencidos que desde Canarias se pueden modular muchas iniciativas como la solicitud que se hizo desde Coalición de Canaria para habilitar espacios donde realizar pruebas COVID, a lo que AENA se negó para, a continuación, sacar a licitación esos espacios para las empresas privadas. Este es un claro ejemplo de que estamos maniatados en cuanto al funcionamiento y organización de los aeropuertos en las Islas”.

Redacción/El diputado de la Agrupación Herreña independiente (AHI), Narvay Quintero, reclamará al ejecutivo autonómico que se cambie el destino de la partida de 1.5 millones de euros que se  han consignado en los presupuestos para la Comunidad Autónoma para 2023 al desarrollo de la “acuicultura” en El Hierro, y que esta se dedique a “mejorar las instalaciones y condiciones del sector pesquero en El Hierro”. 

El diputado nacionalista recuerda al Gobierno autonómico, que la acuicultura no está permitida ni en El Hierro ni en ningún otra isla del archipiélago.

En este sentido, el diputado herreño, ha calificado Quintero de “surrealista” que sea el propio Gobierno de Canarias el que destine 1.5 millones de euros a la acuicultura en El Hierro cuando se trata de una actividad que es “ilegal” actualmente Canarias.

“Diría que me sorprende, que toda una Consejería y una Dirección General de Pesca desconozcan que la acuicultura no está permitida en esta isla y por lo tanto no tiene sentido que sea el propio Gobierno el que consigne presupuesto para ello” pero, la realidad, “es que estamos tan acostumbrados a la falta de rigor, trabajo y conocimiento de esa Dirección General de Pesca y de la propia Consejería que ya ni siquiera llama la atención” asegura Quintero.

Quintero propone, “en vez de destinar 1,5 millones a una práctica ilegal”, que se destine a mejorar las condiciones de las infraestructuras del sector pesquero de la isla que tiene “muchas y muy justas demandas que deben ser atendidas, y que llevan sin hacerlo varios años. Ahora tienen una nueva oportunidad para enmendar su ineptitud y compensar al sector primario de la isla de El Hierro”.