Política

Redacción/Así lo ha denunciado hoy el diputado por El Hierro del Partido Popular, herreño, Juan Manuel García Casañas, quien ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno de Canarias por la eliminación de esta partida de 300.000 euros destina a las redes de riego en la Isla.

García Casañas, ha manifestado su sorpresa por la desaparición de esta partida que estaba prevista en los Presupuestos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para este año 2022 y que ahora han eliminado.

“La Consejería de Agricultura, no sólo no ejecuta, sino que ahora elimina el dinero que había destinado a El Hierro para mejorar e implantar redes de riego como la de Isora”. 

“Llevamos años demandando soluciones y ayudas para el campo herreño, que lleva soportando una importante sequía que ha mermado la cabaña ganadera y la capacidad de producción de nuestra tierras y lejos de encontrar respuestas efectivas y acordes a la los problemas, ahora nos encontramos con un recorte presupuestario importante”.

El diputado herreño exigirá tanto la restitución de la partida económica así como su inmediata ejecución. “La consejera deberá explicar a las gentes del campo herreño por qué después de 3 años no se han iniciado estas obras de infraestructuras tan demandadas”.

Ratio: 5 / 5

Redacción/La Agrupación Herreña Independiente (AHI) vive momentos “muy tristes” tras conocer la sentencia dictada contra Daniel Morales por sus actuaciones en el ámbito administrativo mientras ejerció como alcalde de Valverde. El dictamen judicial lo condena a trece años de inhabilitación y a asumir las costas del proceso. “Ello significaría, además del peso económico, no poder ejercer como cargo público y no poder trabajar en la administración pública durante este tiempo”.

Según han informado los nacionalistas herreños, el Consejo Político de la AHI había acordado el pasado día 22 de septiembre, sin conocer el resultado del juicio, mostrar todo su apoyo a su compañero y ejercitar las acciones que estuvieran a su alcance. “Ahora que conocemos la sentencia, que aún no es firme, multiplicamos ese apoyo ante una sentencia que respetamos pero que consideramos desproporcionada e injusta, toda vez que queda demostrado que no se ha producido en sus actuaciones como alcalde enriquecimiento personal ni de terceros ni tampoco menoscabo de fondos públicos”.

Los hechos por los que se ha juzgado al alcalde de Valverde entre 2015 y 2019 tienen que ver con levantamiento de reparos en expedientes de contrataciones relacionados con los actos para la celebración de la Bajada de la Virgen de los Reyes de 2017. La falta de estructura administrativa del Ayuntamiento y la exigencia de sacar adelante los actos con celeridad impidió entonces al alcalde actuar con el nivel de rigor que la ley de contratos exige, aseguran. 

“La AHI considera que la situación de nuestro compañero, Daniel Morales tiene su origen en una bajeza política sin precedentes en la política herreña promovida por una persona del Partido Socialista, entonces concejal de Valverde en la oposición (Dolores Padrón), cegada por el odio político, ruin y mezquino. Nuestro partido quiere entender que su reciente apartamiento de todo cargo orgánico también obedece a la vergüenza que representan personas así dentro de la política para cualquier partido”. 

En este sentido y conocida la sentencia, “resulta indignante que quienes elevaron las denuncias en su día estén ahora cometiendo las mismas faltas administrativas y el levantamiento de reparos sea una técnica habitual aceptada y justificada ahora que están en el Gobierno de todas las instituciones herreñas” aseguran desde AHI. 

“Los casos afectados ahora son mucho más numerosos y por cuantías más elevadas que los denunciados en su día. Nos referimos al proceder del actual alcalde de Valverde (Antonio Chinea - PSOE), la propia denunciante, ahora vicepresidenta del cabildo insular (Dolores Padrón - PSOE), y el mismo presidente del Cabildo (Alpidio Armas - PSOE), quienes han reconocido públicamente que levantan reparos a diario”. 

“Lamentamos que un resultado de este calado pueda hacer mucho daño a la política herreña, a los partidos y a la sociedad en general. La Agrupación Herreña Independiente analizará en los próximos días, con la responsabilidad que corresponde a este caso, las consecuencias personales para nuestro compañero y políticas para el partido, y obrará en consecuencia”.

GMº/Este ha sido el dictamen judicial por los hechos juzgados el pasado 5 y 6 de julio en los juzgados de Valverde, en los que se acusaba a Daniel Morales Barrera (AHI), relacionados con el levantamiento de reparos en expedientes de contrataciones entre los años 2015 y 2019, para la celebración  de actos de la Bajada de la Virgen de los Reyes de 2017 y los Carnavales de la capital herreña, mientras ejercía como alcalde de Valverde. Los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía a través de una denuncia presentada por una concejal del PSOE, entonces en la oposición.

En concreto Morales, fue juzgado acusado de tres delitos de prevaricación administrativa, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contrataciones de servicios destinados a los actos de celebración de la Bajada de la Virgen de 2017 y los Carnavales de la capital herreña, la Fiscalía acusa al político herreño de no someter estos contratos al procedimiento reglado (libertad de acceso, publicidad y transparencia) y levantar los reparos de los servicios de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento para su pago a los adjudicatarios. La Fiscalía en su acusación pedía 36 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público a Daniel Morales.

Durante el juicio, Morales apuntó a que en el desarrollo de los hechos juzgados no había interés personal ni enriquecimiento propio a través de adjudicaciones objeto del juicio y a la responsabilidad de las concejales de Fiestas del consistorio durante su mandato de las posibles irregularidades denunciadas por el PSOE.

Redacción/Una propuesta del diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario Narvay Quintero, que persigue la modificación de los costes tipo del transporte en el archipiélago, sobre los que se aplican las subvenciones, para proteger a los diferentes sectores productivos. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad de la cámara. “es preciso garantizar a las empresas industriales y del sector primario que al percibir lo que prevé la Ley puedan ser competitivos en igualdad de condiciones que en el territorio peninsular” señala Quintero.

Con esta iniciativa, se “cumpliría el artículo 7 de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias”, que permite compensar el 100% del coste efectivo y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías y determinar los costes tipo para cada trayecto, con una periodicidad anual de forma transparente y mediante un procedimiento de audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas.

En el acuerdo aprobado, se incluyó una enmienda del Partido Popular por la que se habilita el pago de la compensación la posibilidad de realizarlo en dos abonos, la mitad en el primer trimestre del año vencido; y el resto en el tercer trimestre del año vencido.

Los costes de transporte de mercancías entre las islas Canarias y entre Canarias y la Península y el resto de la Unión Europea se han incrementado de forma significativa durante los últimos años y en especial en el año 2021, y no lo ha hecho de igual manera los costes tipo que fija el Gobierno. La pandemia, la escalada de precios del petróleo y la invasión de Ucrania han provocado un incremento de los costes en el transporte de mercancías de hasta el 600%.

“Consideramos necesario impulsar esta modificación porque el Gobierno, pese a los requerimientos de las asociaciones, se ha negado a actualizar los costes tipo, que impiden que las empresas canarias puedan beneficiarse de una compensación real del 100%, pese a la autorización de la Unión Europea”.

Según Quintero, en realidad no se está compensando ni una sexta parte de lo que cuesta transportar las mercancías y las consecuencias “son negativas para nuestra economía, por un lado, para las empresas que exportan, que ante esa escalada se ven obligadas a subir los precios; y por otro, para las familias que asumen ese sobrecosto que, por ley (REF) no debería existir. Y eso sin mencionar, el mayor efecto que se produce en Canarias por la doble insularidad, obligando a las islas no capitalinas a pagar el doble por los insumos y mercancías que reciben”.

Se debe incluir en la compensación a las islas no capitalinas para materias primas de la industria y la alimentación del sector ganadero, así como el transporte rodado para poder llegar estas mercancías a las islas verdes.

Quintero insiste en que se trata de un problema económico y de legislación, “por lo que pedimos el cumplimiento de la Leyes y del Estatuto de Autonomía, que tiene rango de Ley Orgánica y, por tanto, de obligado cumplimiento”.