Redacción/La Cámara autonómica aprobó ayer, 12 de marzo, por unanimidad una Proposición No de Ley, defendida por el diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario (AHI-CC), Narvay Quintero, por la que ha hecho suyas las reivindicaciones del sector del campo por la pérdida de rentabilidad y competitividad sean trasladadas al Gobierno del Estado para “que se implique de manera decisiva en las búsqueda de soluciones” exprés Quintero.
Aunque la baja remuneración que percibe el productor en origen es la principal demanda que comparte el sector agrario de las islas con sus homólogos en el resto de España, la actividad agrícola y ganadera canaria, por su condición insular y ultraperiférica, sufre problemas propios que poco o nada tienen que ver con los que ocurre en otras regiones agrarias de la Península, particularidad que merece una atención y sensibilidad especial hacia nuestro territorio y hacia quienes se dedican profesionalmente a la agricultura y la ganadería.
Entre los asuntos en los que el Estado debe prestar especial atención está el precio final, y el cumplimiento en Canarias de la Ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en los plazos de pago, la eliminación de abusos al productor, la aplicación del régimen sancionador y el establecimiento de medidas que impidan pagos al sector por debajo de sus costes de producción y eviten el uso de un etiquetado engañoso para el consumidor.
Quintero ha defendido que se mantenga el apoyo al volumen de ayudas europeas específicas para las Regiones Ultraperiféricas ( POSEI, PDR y REA ) orientado a abaratar los insumos agrícolas y ganaderos, además de obligar al Estado a cumplir con el REF agrario en cuanto al PSOEI adicional, las ayudas al transporte y la compensación a la extracción y desalación de agua destinada al riesgo y los seguros agrarios.
Es imprescindible, la adopción de medidas concretas dirigidas a paliar los costes de producción: aplicación de bonificaciones y exenciones a la cuota de la seguridad social y otras medidas como la aplicación de un IGIC reducido, la adaptación de tarifas eléctricas bonificadas e incentivos a las energías renovables.
En materia de agua, y más tras la época de sequía que estamos padeciendo, se exige la planificación y dotación de infraestructuras en nuestras islas para que la disponibilidad de agua en agricultura y ganadería esté garantizada, no solo en cantidad y regularidad en el suministro, sino en calidad y precios adecuados.
Así mismo, el diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario ha defendido la equiparación de las obligaciones laborales, medioambientales, de bienestar animal, de calidad y seguridad alimentaria o de usos permitidos de fitosanitarios y medicamentos entre las producciones locales y las importadas con las que se compite. Eso conlleva que a los acuerdos comerciales que establezca la UE con terceros países se les exijan los mismos requisitos en el proceso productivo que deben cumplir los productores europeos. Así como clarificar el marco jurídico para otorgar permisos y licencias para modernizar y o desarrollar la actividad agrícola ganadera para priorizar el desarrollo de la actividad agropecuaria
En definitiva, estas reivindicaciones explica Quintero, buscan dignificar la actividad agrícola ganadera y reconocer el papel protagonista que tiene el sector en la conservación del paisaje, la lucha contra la desertización, en la garantía de una alimentación segura y de calidad y en la limpieza y cuidado de la zona de interfaz que evitaría la proliferación de incendios forestales.
