Redacción/El presidente del Cabildo de El Hierro, Javier Armas, ha informado hoy miércoles, que la Institución deberá devolver 2,3 millones de euros del Plan Sociosanitario de Canarias, al Gobierno, por falta de justificación del anterior equipo de Gobierno, cuantía que se incrementaría por los intereses de demora y que podría suponer más de 4,3 millones de euros en perdidas para el Cabildo. 

El presidente insular ha advertido que con esta operación, la institución se quedará sin fondos para continuar con las obras en los centros sociosanitarios de la Isla.

Armas, quien atribuye la situación a falta de gestión y negligencia del anterior equipo de Gobierno, compareció hoy ante los medios de comunicación en compañía del vicepresidente primero, Juan Manuel García, y el consejero insular de Servicios Sociales, Alberto Armas, para dar cuenta de la Resolución de la Dirección General de Discapacidad y Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con registro de entrada en el Cabildo el pasado viernes, 30 de junio, que pone en conocimiento de la institución la devolución de estos fondos del Plan Sociosanitario de Canarias, al no ejecutar las obras previstas en las residencias de la tercera edad de El Hierro.

El presidente herreño denuncia lo que considera un “grave quebranto económico para el Cabildo”. 

“No me siento vinculado con este expediente y si el Cabildo pierde esta cantidad de dinero es exclusivamente responsabilidad del anterior equipo que ha gobernado la Institución en los últimos cuatro años”, expresó Armas.

“La Consejería ofreció un plazo de 10 días para que el Cabildo presentara alegaciones antes de emitir esta Resolución y no se hizo, permitiendo un daño económico considerable y, lo peor, dejando en el punto de salida la búsqueda de financiación necesaria para dar solución definitiva a obras de gran trascendencia para dotar de servicios a la población más vulnerable de la isla” aseguró Armas.

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Según ha explicado durante su comparecencia, desde 2017 y a través de un Convenio firmado con la Consejería, se dotaba de marco financiero para la ejecución de obras de gran interés social en la isla, como las reformas de las residencias de la tercera edad de La Frontera y El Pinar, la dirección facultativa de las mismas y mejoras en el centro para la atención a personas y familias con discapacidad Ezeró, entre otras. En 2018, el Cabildo recibió 1 millón de euros y, en 2019, 3 millones. De los 4 millones recibidos, el Cabildo solo ha justificado 1,6 millones, por lo que tendrá que reintegrar los 2,3 millones restantes sin recurso ante la Consejería, emplazándolo a un posible contencioso ante los tribunales de justicia, “con unas costas muy elevadas y con escasas posibilidades de ganar”, afirmó Armas.

“El daño económico para esta isla es incluso mayor, porque ese convenio ofrecía la posibilidad de incrementar en 2 millones más los fondos para esas obras si se justificaban adecuadamente las cantidades recibidas en 2017 y 2018, algo que nunca se produjo, por lo que perdemos 4 millones de euros para unas obras que estaban valoradas en 6 millones”, explicó el presidente.

Armas explica que el 15 de septiembre de 2022 finalizó este Convenio y, posteriormente, el 2 de noviembre de ese mismo año, el Cabildo de El Hierro solicita dos prórrogas, una para ejecutar las anualidades 2017 y 2018 hasta 2025 y justificarlas a 31 de marzo de 2026 y, otra, para prorrogar las obras de 2022 hasta 2027 justificarlas en la anualidad siguiente, solicitud que nunca se sometió a la consideración de la comisión de seguimiento del convenio. 

“En marzo de este año 2023, se justifican 1,6 millones de los 4,3 recibidos, siendo admitido por el Gobierno de Canarias, a falta de los 2,3 millones que se deberán devolver junto a unos intereses de demora que conforme pase el tiempo pueden llegar a ser cifras considerables para esta Institución” aseguró Armas.

Así mismo, en mayo de este año, el propio Gobierno envía el borrador de esta Resolución al Cabildo con el objetivo de que presentara en el plazo de 10 días las alegaciones que estimara convenientes, sin que esto se llevara a cabo, “lo que da mayor gravedad si cabe a la situación administrativa de este expediente” ha expresado el presidente, quien mostró su preocupación porque estas obras tan importantes se quedan a partir de ahora sin financiación.

“Al Cabildo le cabe ahora decidir si opta o no por un contencioso ante los tribunales o si procede a devolver esta cantidad de forma urgente para evitar el incremento de costo con intereses de demora, así como decidir cómo y con qué ficha financiera dar solución a las obras previstas en el Convenio” expreso Armas.