Por Miguel Concepción.

En Octubre del año 2020 fui condenado, junto a varios miembros de mi familia, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife, la a la pena de 23 meses de prisión y al pago de 3,9 millones de euros por un delito continuado de estafa agravada. Ese delito se refería a la actividad comercial de la compañía Islas Airways. 

La acusación estaba basada en que Islas Airways ofrecía descuentos especiales a sus viajeros sobre la tarifa oficial, que estaba subvencionada y el Ministerio de Fomento alegaba que los mismos descuentos tenían que realizarse sobre la parte referida a la subvención. Esta interpretación afectó no solo a Islas Airways, sino a otras importantes compañías aéreas españolas que aplicaban las mismas políticas sobre sus billetes y que tuvieron que pagar, como nosotros, el monto total de las deducciones no efectuadas sobre la tarifa subvencionada. Ningún responsable de esas compañías, a día de la fecha, ha sido enjuiciado y condenado. 

Desde el primer momento, como responsable de la Islas Airways, procedí al abono de las cantidades que reclamaba el Ministerio de Fomento como defraudadas. En el momento en que se abrió juicio contra mí, se había reparado la totalidad de la cuantía económica que la Fiscalía consideraba defraudada, por lo que entendí que se había reparado el daño económico causado por esa diferencia de interpretación en la aplicación de las subvenciones. 

El recurso que mis servicios jurídicos presentaron ante el Tribunal Supremo se basaba en que el tribunal había ditado una sentencia de condena más grave que la había que sido acordada con la Fiscalía al inicio del juicio, en la que se incluían cantidades procedentes de una extrapolación por muestreo calculada por unos peritos de la Dirección de Aviación Civil que nada tenía que ver con la cuestión de los descuentos de los billetes a los pasajeros. 

Como es obvio, no me cabe más que acatar la confirmación efectuada por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial, contradictoria del acuerdo que se alcanzó con la Fiscalía, pero a través de este comunicado anuncio que presentaré recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que se han vulnerado mis derechos fundamentales. 

Lamentablemente, Islas Airways -que propiciaba la competencia área en Canarias- ha sido la única compañía área contra cuyos directivos se ha actuado para exigir responsabilidad personal. 

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a tantas personas e instituciones que a lo largo de este calvario judicial me han mostrado su apoyo y su solidaridad. 

Por Beatriz Barrera Vera.

El pasado enero, Jacinta Ardern anunciaba su renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda porque “este cargo conlleva una gran responsabilidad y no tengo suficiente energía para hacerle justicia”. Una decisión valiente e inusual en el mundo de la política donde mostrar la vulnerabilidad humana está penalizada. 

Sin cuestionar la razón individual y legítima que la llevó a tomar dicha decisión, el caso de Ardern abre un debate sobre una de las formas de violencia machista menos abordada: la violencia contra la mujer en política (VCMP). ¿La figura de la mujer en política es más vulnerable? ¿Reciben las mujeres el mismo trato que los hombres? 

La VCMP tiene muchas caras y dimensiones: desde asesinatos a candidatas o responsables públicas; a ataques físicos, sexuales, verbales o digitales  con el objetivo de denigrar y expulsar a las mujeres de la política y de la vida pública. Esto constituye una violación de los derechos fundamentales reconocidos  en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. 

En particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), señala en su artículo 7 la obligación de los estados de “tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país.” 

Los países latinoamericanos han sido los encargados de impulsar una normativa y políticas públicas de eliminación de esta forma de violencia y quienes mejor han visibilizado esta realidad. Recientemente la relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, publicaba en 2018 el informe “La violencia contra la mujer en política”⁽¹⁾, haciendo visible este documento en todas las agendas políticas de estados y organismos internacionales. 

Sin embargo, escasas o nulas son las referencias que existen sobre la VCMP en nuestro ordenamiento jurídico o en el de los países europeos de nuestro entorno. Tampoco existen datos claros sobre el alcance, los ámbitos o las manifestaciones de esta violencia machista. 

La Red de Mujeres de la Federación de Defensorías del Pueblo de Iberoamericana (FIO) presentó, el pasado 22 de febrero, en el debate de la 40º recomendación general de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas (ONU), un documento para dar un impulso decisivo a la representatividad igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones. Precisamente, una de las medidas es realizar un abordaje integral de la lucha contra la violencia política por motivos de género frente a partidos políticos, medios de comunicación y plataformas digitales. Es esencial una actuación coordinada para legislar y crear protocolos de actuación que permitan la compensación y reparación del daño que se infringe.

El liderazgo femenino pasa por denunciar, combatir y erradicar la violencia contra la mujer en política, que sólo busca atemorizarnos y expulsarnos de la vida pública. 

⁽¹⁾Albaine, Laura (2021) Violencia contra las mujeres en política: Hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla. ONU Mujeres, PNUD e IDEA Internacional. Iniciativa ATENEA: Mecanismo para acelerar la participación política de las mujeres en América Latina. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/03/violencia-contra-las-mujeres-en-politica#view

*Beatriz Barrera Vera, adjunta de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común - Coordinadora General de la Red de Mujeres de la FIO.

Por Domingo Martín Afonso*

España no protege a Canarias, por la sencilla razón de que no es un territorio de prolongación del Continente europeo. Fue una Colonial y actualmente es una Región ultraperiférica de Europa, o lo que es lo mismo, seguimos siendo una colonia, sin derecho a decidir si queremos ser libres en tomar nuestras propias decisiones. España tenía la posibilidad de que Canarias gozara de unas leyes internacionales que mejor nos protege jurídicamente ante terceros Estados, sin separarnos de España.

Cuando las Naciones Unidas, organizó la III Conferencia sobre los Derechos del Mar, España lo incorporó al Ordenamiento Interno español, el 14 de febrero de 1997, sin embargo, España consideró que Canarias fuesen jurídicamente islas, nos negó el derecho internacional de ser archipiélago. El Estatuto Jurídico del Mar de las Naciones Unidas, contempla dos tipos de archipiélagos; Estado Archipelágico y archipiélagos de Estado. Pues España nos niega los dos tipos de archipiélagos. 

El primero sería que España concediera negociada pacíficamente, la libertad de los canarios y canarias a ser un Estado independiente, art. 46.a. El segundo sería que España concediera negociado pacíficamente, un Estatuto de Plena Autonomía Interna, art. 46.b, sin menoscabar la soberanía española. España como Potencia colonizadora, tendría que permitir a Canarias un verdadero Gobierno Autónomo que los asuntos que nos concierne a los canarios y canarios, los decidiremos entre nosotros, sin injerencia del Gobierno del Estado. 

España solo contemplaría la defensa de las islas ante terceros. En definitiva, España y Canarias podría tener unas relaciones amistosas, de forma que sería una forma de pagar una deuda histórica pendiente desde que tomó las islas por las fuerzas de las armas, borrando la cultura y las costumbres de un pueblo pacífico.

España también nos niega ser archipiélago de Estado art.46.b, dotado con un Estatuto de Plena Autonomía Interna, bajo la protección de la Potencia Administradora del Estado español.

En fin, España prefiere los negocios con Marruecos, que proteger los intereses de Canarias como “archipiélago”. Que Marruecos pide que las conserveras y la flota sardinal canaria, se trasladen a puertos marroquíes, España se los entrega. Que Marruecos pide que la flota de barcos pesqueros canarios, tienen que nacionalizarse en Marruecos y operar en puertos marroquíes. España se los concede. Que Marruecos pide que interceda ante la Unión Europea para que los tomates y los cítricos cultivados en suelo marroquí. España acepta ser intermediario. 

Conseguido que los caladeros de pesca del Sáhara y la agricultura ya es de Marruecos. Que una línea de Mediana frente a Fuerteventura, aún por definir, España quiere la equidistancia y Marruecos por el sistema internacional equitativo, y los espacios marítimos de Zona Económica Exclusiva y los espacios aéreos alrededor de Canarias, excepto al Oeste de la isla de el Hierro. España lo entrega incondicionalmente. Que Marruecos insiste que España reconozca que todo el Territorio del Sáhara fuese de soberanía de Marruecos. España se lo entrega y está dispuesto a firmarlo en las Naciones Unidas. Por último, que Marruecos después de arruinar la economía canaria, llevándose por último el turismo de Canarias a las playas del Sáhara. España lo acepta. En un futuro muy próximo Marruecos querrá negociar  la entrega de Ceuta y Melilla, o la entrega de dos islas canarias. España preferirá quedarse con Ceuta y Melilla. Al tiempo.

Ante ello, los canarios que se sientan españoles y europeos, les diré que lo dicho aquí, es real de lo que ha hecho España, y lo que hará en un futuro próximo con Canarias. España quiere para sí, el Derecho Marítimo Internacional. Para Canarias, Leyes Marítimas Internas, aplicadas solamente para fijar la delimitación marítima con Marruecos. 

Veamos como España nos aplica a Canarias el Derecho Marítimo: El 11 de mayo de 2009, el Gobierno de España, presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas (CLPC), el proyecto de prolongar la Plataforma Continental al Oeste de Canarias, más allá de las 200 millas marinas, en virtud del párrafo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

A este respecto, cinco días después, el 16 de mayo de 2009, el Gobierno del Reino de Marruecos presenta ante la misma Comisión, una amplia protesta, destacando que, Marruecos rechaza todo acto encaminado a la delimitación unilateral de la Plataforma Continental y pide la aplicación de las normas del Derecho Internacional, así como de la práctica y la jurisprudencia internacionales en esta esfera.

 Con la referencia CLCS 77.2014, OLS, así como el resumen de la “presentación parcial de datos e información sobre los límites de la plataforma continental de España al Oeste de las islas canarias de conformidad con la Parte VI y el Anexo II de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

El 10 de marzo de 2.015 Marruecos contesta a la CLCS; sobre la presentación parcial del Gobierno de español, con la referencia CLCS 77.2014, OLS, así como el resumen de la “presentación parcial de datos e información sobre los límites de la plataforma continental de España al Oeste de las islas canarias de conformidad con la Parte VI y el Anexo II de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. Destacando que esta presentación parcial del Gobierno español afecta a la Plataforma Continental de España, y en Canarias aún no ha sido delimitados. 

Y subraya que,  en este caso, “la delimitación de la Plataforma Continental se lleve a cabo mediante acuerdo de conformidad con el derecho i, a que se refiere el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con miras a alcanzar una solución equitativa” (artículo 83.1).

Añadiendo; Marruecos sigue comprometido, en particular, con el imperio de la equidad, tanto en lo que respecta a la delimitación de la Plataforma Continental como a la Zona Económica Exclusiva, de conformidad con el espíritu y la letra de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Marítimo de 1.982, en particular, de sus artículos 74 y 83. En la medida que España mide la distancia se sobre la base de las líneas establecidas por la Ley 44/2010 de Aguas Canarias.

Recuerda que el Reino de Marruecos ha notificado en aquel momento al Gobierno del Reino de España, sus reservas sobre la interpretación de este último en dicho de Ley, las disposiciones de la Parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1.982, relativas al régimen de los archipiélagos. Finalmente, el Gobierno del reino de Marruecos pide al secretario general de las Naciones Unidas que registre y difunda la presente carta y que la publique en todas las publicaciones pertinentes de las Naciones Unidas.

El Gobierno de España, no pudiendo colar la Ley 44/2010 de Aguas Canarias, envía a las Naciones Unidas la carta señalada con el Nº 076 MP/bcm de fecha 22 de abril de 2.015 con la siguiente rectificación: El Gobierno de España desea señalar que las líneas de base utilizadas para medir la anchura de la plataforma continental en la presentación parcial sobre los límites de la Plataforma Continental de España al Oeste de las Islas Canarias, “son las definidas en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, como se afirma en el punto 7.9 de la presentación.” 

Añadiendo: La Ley 44/2010 no define líneas de base y no ha sido en modo alguno empleada en la elaboración de la Presentación sobre los límites de la Plataforma Continental al Oeste de Canarias. 

Entonces, la Plataforma por el Mar Canario pregunta, ¿Por qué se promulgó esta Ley española, que es contraria al Derecho Internacional del Mar? Creemos para utilizarla inútilmente en sus disputas con Marruecos y Portugal.

El Gobierno del Reino de Marruecos presentó ante las Naciones Unidas el29 de julio de 2.015, la presentación de nuevo informe sobre los estudios que Marruecos está realizando, del que se desprende que en las dos secciones, norte y sur de su margen atlántica, Marruecos observa que las zonas adjuntas a su Plataforma Continental ampliada se solapan con las zonas de la Plataforma continental reclamadas por uno o más Estados vecinos, tal como los han presentados a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para su examen, en particular, España y Portugal, con el fin de preservar todos los derechos de la realeza de Marruecos sobre las Plataforma Continental ampliada. 

Dicho lo anteriormente escrito, exijo al Gobierno de España, que para la delimitación marítima de Canarias, sea en base al concepto Jurídico de “Archipiélago,” y que no use la legislación marítima anterior al vigente Derecho Internacional desde el 10 de diciembre de 1.982.

Exijo también el cumplimiento del artículo 95 de la Constitución española y elimine aquellos artículos sobre los espacios marítimos que sean contrarios al Tratado Internacional del Mar. 

Termino diciendo, si el Gobierno de España no admite a Canarias, como archipiélago del Estado español, y dotado con un Estatuto Internacional de Plena Autonomía Interna, se le estaría entregando las islas Canarias a Marruecos. Y si tiene dudas, que le pregunte a la Secretaría de Estado y Asuntos Exteriores e Institucionales de las Cortes españolas, sobre si Canarias son islas o jurídicamente archipiélago. A la Plataforma se nos contestó por escrito, de dos tipos de archipiélagos, contempladas en la Parte IV del Tratado Internacional del Mar.

Domingo Martín Afonso, presidente Plataforma por el Mar Canario.

Por Juan Jesús Ayala.

Los muros en los pueblos de la isla han sido testigos, a veces no tan mudos, de su misma historia. Muchos funcionaban como mentideros donde se comentaban cuestiones del día, de ayer o se remontaban a viejas historias, otros eran como  refugio visible de enamorados que ya el muro  para ellos en ese momento era su santa sanctórum, otros funcionaban como observadores de los que paseaban  o iban de un lado a otro o simplemente como punto de encuentro bien acordado o que la rutina de los días lo hacia posible sin mas, al estar establecido  en la memoria de cada cual.

La mayoría el de ellos han desaparecido y solo queda el recuerdo de lo que fueron y  del protagonismo no tan mudo que han tenido en la historia de la isla, al menos en la reciente.

Enfrente de la cárcel y camino de San Juan  había un muro al inicio de la bajada de la calle donde vivía  la familia de Ambrosio, el Municipal, y un poco mas abajo la familia Guerra. Era un muro de los más alejados y pequeño solo cabían dos personas y era el preferido por los noviazgos ya consolidados y   permitidos  por su familias, y allí recalaban los que así se consideraban.

Más acá, al lado de la vivienda de don Pedro León y sobre la latonería de Aurelio estaba el muro del puente, el más visitado porque este ,lugar era el nudo  de las comunicaciones entre Valverde con el resto de la isla y funcionaba como punto de espera a que llegaran o salieran las guaguas y era un reclamo mas bien de la gente joven. 

Y adentrándonos  en la calle principal habían tres muros donde se repartían los tertulianos, la gente joven, y también como testigos de noviazgos y de  ensueños de aventuras Estaba uno de ellos entre la casa de Manolo Padilla  y el cine Álamo que era el preferido  por los chicos de la época cuando salían o esperaban para entrar a las clases de la Academia de doña Inocencia ;y sin dejar de ser como mirador del ir y venir de la gente, de las parejas que paseaban por la calle  más que nada los lunes y viernes que eran días de correo o los domingos y festivos Y enfrente estaba otro, delante de la casa de don Manuel Díaz y Maclovia donde en la parte baja  se encontraba la carnicería y muchas veces había que madrugar para coger el numero para a comprar la carne, era el asiento de la espera de muchos. Y al inicio de la calzada donde vivía Mateo Ayala también un  muro pequeño que daba para 4 personas y se usaba para la conversación, la discusión y debates de altura.

Y en la Punta de la Carretera el muro era largo, pasaba por la casa de don Claudio y dando la curva terminaba enfrente de la venta de don Pedro Quintero. El tramo que correspondía al  Bar Armiche de don Isidro  era uno de los mas visitados, para hablar de futbol, de política,  como punto de espera y visor del barco que se veía en lontananza los días de correo, sobre todo, los viernes.

Y el más característico, el de don Claudio, que era un muro con espaldar  porque detrás estaba la profundidad del barranco del Consejo y como era el más lejano, dentro de la relativa  distancia de la isla no era muy visitado pero si por las parejas más atrevidas que se dejaban ver los días de correo y los festivos.

Y en la Plaza de Santa Catalina, en el barrio de Tesine era el que recogía el descanso  de los agricultores de la zona, de los comerciantes y de los niños y niñas que entraban o salían de sus respectivas escuelas; así de los que nos asomábamos a él  después de las clases de don Valentín.

Muros que han desaparecido pero que la memoria colectiva de la isla los rescata, sobre todo, en estos momentos donde todo el mundo anda cabreado, enfurruñado y sin tener el relajamiento que daban esos pequeños territorios que guardan palabras, canciones y retazos de vidas que han desfilado por la historia viva de la isla.