Por Donacio Cejas Padrón. 

En mi Crónica Pretérita de ayer, me hacía yo eco de unas declaraciones del Sr. Alcalde de Valverde, en las cuales informaba de grandes discordias  para la organización de La Bajada, especialmente por  las discrepancias con y entre los grupos de bailarines de nuestra isla, y me ha venido a la memoria mis opiniones escritas en  las Bajadas precedentes, en las cuales manifestaba mi parecer de que los bailarines se estaban tomando unas atribuciones que no les correspondían, pretendiendo alzarse con el protagonismo del acontecimiento cuatrienal,  incluso por sobre las  autoridades, e incluso por sobre La Iglesia. Pareciera que La Bajada se convertiría en Bajada de Los Bailarines. 

Mi avanzada y mi forma de ser, me recomiendan prudencia y mesura al emitir opiniones sobre temas tan delicados y sensibles, pero al mismo tiempo me hacen recordar los acontecimientos de 1993 en Malpaso, en los cuales las autoridades  y la misma Iglesia se plegaron a las pretensiones de los bailarines de un pueblo, haciendo dejación de su autoridad, que no debieron dejar de ejecutar, y les permitieron salirse con la suya y lograr sus insolidarias pretensiones. En ese mismo día yo consideré que se estaba abriendo la puerta a un conflicto que tendría largo alcance, como así ha sucedido. Ahora resulta que van a ser los bailarines los protagonistas principales de La Bajada, por encima incluso del sentido religioso del acontecimiento. 

Sucedió algo parecido, cuando en La Cruz de Los Reyes, en la última Bajada, volvieron los bailarines a convertirse en árbitros del acontecimiento, interrumpiendo por su capricho el tiempo de baile en aquel lugar. Las autoridades no tuvieron la fuerza necesaria para corregir lo que estaba sucediendo, y de nuevo volvieron a incurrir en la misma dejación de su autoridad, y después tampoco hubo sanción alguna para los que participaron en aquella interrupción. Ahora, a mi juicio tardíamente, se está volviendo a la misma situación, y  el desarrollo de los actos y procesiones de La Bajada pareciera  estar a merced de lo que los grupos de bailarines dispongan.

La autoridad es una función que hay que ejercerla por quienes la detentan, cuando sea necesario, ese es un principio universal del funcionamiento de las sociedades, y si  no se ejerce, se caerá en la debilidad y en el deterioro de las  mismas.

Quiera Dios que  lo que yo temo, y de lo que vengo advirtiendo hace tiempo no suceda, para bien de La Bajada y el prestigio de nuestra isla.

Por Donacio Cejas Padrón.  

La Televisión Canaria recoge el día de ayer unas declaraciones del Sr. Alcalde de Valverde, dando cuenta de las grandes discordias que se están presentando para organización de La próxima Bajada de La Virgen, en lo que a los grupos de bailarines se refiere, y daba cuenta de una resolución de su Ayuntamiento, de imponer una restricción a los grupos de bailarines de los pueblos, para que en su Raya de Tejeguete hasta la llegada a Valverde limiten su participación a cinco parejas por cada grupo, tratando de evitar así la gran aglomeración de bailarines especialmente a la llegada al Templo  de La Concepción. 

Su decisión me parece acertada, prudente y generosa, y es lo que debió hacerse en el año 1993 en Malpaso, cuando el grupo de El Pinar se empeñó en que en su raya a la llegada a La Cruz de Los Reyes, no permitirían que bailarines de ningún otro grupo que no fuera el de ellos y el de Sabinosa, se aprecia en estas dos decisiones tomadas una gran diferencia de comportamiento. 

La Iglesia, y las autoridades del momento, permitieron esa acción, y todos recordamos el gran problema que se formó, con la detención por varias horas de la procesión, y se abrió la puerta a un conflicto que  sigue sin resolverse. 

Visto desde la perspectiva del tiempo, pareciera poderse apreciar, que la llamada Comisión Mixta, la misma Iglesia y la Fundación Virgen de Los Reyes no supieron  actuar con buen tino, tanto ese día del noventa y tres como después en los tristes sucesos de Las Puntas, que estuvieron a punto de convertirse en tragedia, y que dolorosamente terminaron en El Juzgado. No fue nada afortunada la decisión de traer a Las Puntas, innecesariamente, un contingente de Guardias Civiles, lo que siempre consideré un ultraje a los pueblos del Golfo, esta acción origino  consecuencias de muy largo alcance en todos los órdenes de la vida. Fue considerada por las gentes de Frontera como brutal y desconsiderada, además de innecesaria. 

Mi edad me aconseja mucha prudencia, y esperemos que en este año se actúe con sabiduría y no se repitan acontecimientos que a todos nos pueden sonrojar. Dios lo quiera.

Por Alfredo González Hernández.

Leemos en un diario digital de la isla el siguiente titular "La AHI muestra su rotundo rechazo al modelo de gestión planteado para el Parque Nacional Marino de El Hierro: Debe ser gestionado por el Cabildo y no por Madrid''.

El senador de El Hierro y presidente de la AHI exige que sea el Cabildo Insular quien administre el futuro Parque Nacional Marino, como ocurre con los otros Parques Nacionales Canarios, desconociendo la gran diferencia competencial que existe entre un PN Marino y un PN Terrestre.

Se olvida que las competencias administrativas y legales sobre el mar, incluyendo la gestión de la navegación, la pesca, la protección del medio marino y la aplicación del derecho marítimo, son del Estado.

También se olvida que el respeto competencial es un principio fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho. En el caso del Estado español, este respeto se manifiesta en la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, garantizándose que cada uno ejerza sus poderes dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

Consideramos que este tipo de planteamientos populistas e irresponsables no contribuyen a la clarificación y al entendimiento de los asuntos del Estado, de lo que tanto hace falta.

Con esta dinámica ¿por qué no planteamos exigir para el Cabildo Insular la transferencia de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma Canaria, por ejemplo, la del puerto de La Restinga perteneciente a Puertos Canarios o, siendo más exigente y para algunos "mejor" herreño, exigir la administración del Puerto de La Estaca perteneciente a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ente público dependiente de Puertos del Estado?

O, por ejemplo, ¿por qué no reivindicar las competencias plenas sobre el Hospital Insular de El Hierro, cuya organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma?

O, ¿por qué no entrar en una vorágine reivindicativa por parte de Ayuntamientos de competencias del Cabildo Insular?

Como se ha dicho, el respeto competencial es un principio fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho y siempre estará por encima de planteamientos pueriles y demagógicos, de los que ciertos partidos hacen sus principales sustentos ideológicos, como el de "si lo administramos nosotros se administrará mejor" o "los de Madrid no conocen nuestros problemas y nunca nos entenderán". Algún ejemplo podríamos encontrar en esta isla en los que históricamente la gestión insular directa de algún servicio público solo ha servido para evidenciar la falta de profesionalidad y la mediocridad, además de ser vía para el empleo de algún conocido o simpatizante.

Por Juan Jesús Ayala.

En el acontecer de la historia de la isla a lo largo del siglo XIX, tres ilustres catalanes dejaron en la memoria colectiva que sus apellidos fueran trasmitidos en generaciones siguientes; apellidos que por su propia dinámica familiar actualmente están extinguidos a excepción del Ribera.

Don José Gost y Martí, natural de Barcelona llegó a la isla para desempeñar su profesión de médico municipal, siendo en aquella época, a mediados del siglo XIX, el único profesional que existía en la isla  con una dedicación plena, donde muchas veces ni cobraba por su trabajo aparte de poner en riesgo la vida en las graves epidemias del momento como la brucelosis o la tifoidea que llevó a la  tumba a enfermos que las padecían.

Contrajo matrimonio en julio de 1859 con doña María del Pilar Fernández Salazar y Ascanio, que había heredado de sus padres grandes propiedades, entre ellas una gran finca en la parte norte de la isla que abarca la zona de Erese y  Guarazoca  denominada  “Charco de las Cabras”.

Uno de sus hijos, José Gost Fernández, fue delegado del Gobierno desde 1931, hasta su fallecimiento en 1933, con lo cual esta finca pasó a sus únicos herederos Luis y Coloma.

Y más adelante, en el año 1948 su nieto Luis Gost Fernández es nombrado  delegado del gobierno hasta su fallecimiento a consecuencia de un infarto de miocardio en las oficinas de la delegación, el 31 de agosto de 1951, por el disgusto al enterarse por Matías Fonte que jable arriba le dio la noticia del trágico accidente del Tamaduste.

Su muerte motivó que la finca se vendiera a un propietario del norte de la isla, ya que allí veraneaban los dos hermanos y ante  el fallecimiento de don Luis  y más tarde de su hermana Coloma, el apellido desapareció de la isla.

José  Blanich Cumellas desde Cataluña, natural de Vic, por haber participado en  episodios políticos de la primera guerra carlista, se le confinó en Canarias y en Tenerife contrajo matrimonio con una herreña, María Antonia Ayala, en 1839. Una hija de este matrimonio, María Dolores  Blanich casó en1858  con Pedro Miguel Ayala Pérez-Guadarrama, que fueron los padres de mi abuelo Sebastián Ayala Blanich.

José Blanich, en 1859- 63 fue segundo teniente alcalde durante la alcaldía de Domingo Espinosa Armas; luego ocupa la primera tenencia de alcaldía donde se comenzó a tramitar el expediente para la construcción del cementerio de Frontera cuyos vecinos hasta entonces tenían que trasladarse a la villa y por caminos angostos y escarpados para enterrar a sus muertos.

Durante 1865 y 1866 fue alcalde y tuvo que resolver un conflicto de envergadura cuál fue el reparto de tierras comunales para el ganado, así como la intención de suprimir la única escuela pública que había en Azofa.

Como en esa fecha los jueces eran visitadores que se desplazaban desde Tenerife para resolver asuntos; no se había nombrado por la isla ningún juez letrado, pues eran los alcaldes los que seguían dirimiendo las cuestiones judiciales de poco calado. Hasta que más tarde ya se nombra como el primer juez municipal del Juzgado que se fundó en el Hierro en 1872 alejado del poder de los alcaldes a José  Blanich Cumella.

Lo cierto que actualmente el  apellido Blanich de aquel catalán que apareció  como deportado desde Barcelona; lo mismo que el Gost las diferentes uniones matrimoniales hicieron que se quedaran  ausentes en el devenir de la isla. Sin embargo, el único apellido que queda actualizado y vigente es el de Ribera.

Ramón Ribera Cumella fue un militar catalán natural de Barcelona que fue deportado a la isla por motivaciones de las guerras carlistas que contrajo matrimonio en El Hierro con doña Felipa González Quintero que en 1867, tuvieron un hijo, Ramón Ribera González que fue Consejero fundador del Cabildo y concejal del ayuntamiento de Valverde que se casó con María Reyes Espinosa Ayala, en 1902 que a su vez era  hija de Sinforosa Fermina Ayala Blanich nacida en 1859 que casó en 1878 con Francisco Espinosa Barreda.

En definitiva que aquellas personas procedentes de Cataluña y que reiniciaron una nueva andadura en la isla, bien se merecen que, de vez en cuando, se traigan a la memoria.