Redacción/El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y el consejero insular de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal, Amado Carballo, respaldaron ayer, la firma del documento conjunto entre cabildos, ayuntamientos, fuerzas políticas y entidades del tercer sector, para reclamar al Estado soluciones inmediatas a la crisis de los menores no acompañados (MENAS) en Canarias.
Todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, a excepción de Vox, han avalado la iniciativa.
Las instituciones canarias reclaman al Estado “garantizar la solidaridad con una distribución equitativa” de los niños y niñas que llegan a las islas en otras comunidades autónomas.
Se trata de un acuerdo para la distribución obligatoria de los menores no acompañados que llegan a las islas, que será debatido mañana, miércoles, en la Comisión Sectorial de la Infancia que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife.
Con esta firma medio centenar de representantes públicos, políticos y sociales respaldaron el acuerdo impulsado por el Gobierno de Canarias junto al Gobierno del Estado y presentado a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados el 25 y 26 de junio “para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores; y reclamen el apoyo y su aprobación por parte del Gobierno de España y las Cortes Generales”.
Según el acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería acordado entre el Gobierno de Canarias y el Estado reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, actualmente Canarias, Ceuta y Melilla, y supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo. El criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150% de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.
