Redacción/La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la empresa pública del Cabildo, Insular de Servicios El Meridiano, reclama al Cabildo de El Hierro y específicamente a la Consejera insular de Turismo Lucía Fuentes, que aborde con “urgencia extrema” el derecho de la práctica totalidad de trabajadores de estabilizar sus plazas de trabajo, y finalizar así con la precariedad laboral en la que están inmersos. Piden a Fuentes, la regularización de los empleados equiparándolos al resto de las Administraciones.
La Empresa Insular de Servicios El Meridiano S.A.U. (I.E.S. Meridiano), es propiedad del Cabildo de El Hierro, y es la encargada de la gestión y explotación de establecimientos, instalaciones, centros y servicios de carácter turístico, sanitario, patrimonial, histórico y artístico, servicios culturales, agrícolas, ganaderos y los de medio ambiente, en El Hierro.
Desde este sindicato aseguran que este proceso “no supone incremento de gastos, solamente la regularización de los empleados equiparándolos al resto de administraciones, en las que sus empleados son funcionarios y no personal laboral”.
Elías Martín, responsable de acción sindical de CSIF en Canarias, reclama que “además de regularizar la situación de las trabajadoras y trabajadores ya existentes en Meridiano que cumplan con el art. 2, la Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, este sindicato, sigue trabajando las ofertas e incluso el desarrollo jurídico de las bases para que ningún empleado que presta sus servicios en cualquier Administración o trabajador de empresa pública, pierda el tren de estabilizarse y dejar así de ser personal temporal o irregular contractualmente”.
Así mismo, “desde CSIF Canarias confiamos en que finalmente se entre en razón y en todas las empresas públicas, pendientes de ser aprobadas las ofertas extraordinarias de empleo, entre ellas el Consorcio de Servicios de La Palma, Sodepal, Fundación IDEO, Canarias Cultura en Red y un largo etcétera, cumplan con sus obligaciones con respecto a los trabajadores”.
Martín afirma que “que salgan bien estos procesos es responsabilidad de todos los implicados, especialmente de la Administración, y no debemos permitir que la inactividad perjudique a los verdaderamente castigados por lo que se ha hecho mal durante décadas en nuestro panorama público”.
