La Isla

El acuerdo de compensación para evitar sentarse en el banquillo de los acusados supone a los dos denunciados el pago 5.000 euros cada uno.

Emilio Hernández/El que fuera vicepresidente segundo y consejero de Obras del Cabildo de El Hierro, Luciano Eutimio Armas, consiguió que la justicia iniciase una investigación con el fin de identificar y procesar por injurias, calumnias y acoso a los autores anónimos de numeroso comentarios vertidos en medios digitales y redes sociales, con el fin de desprestigiar al figura de Armas.

Los autores que fueron identificados y reconocieron los hechos, iniciaron una campaña de desprestigio debido a que el Cabildo Insular les había advertido de la ilegalidad de una obra que habían realizado en una propiedad que los denunciados, Daniel Ortiz y Talia de Luis, habían adquirido en la Isla.

Armas relata que una vez que les fue comunicado por parte de los técnicos del Cabildo la irregularidad de la construcción y la negativa de legalización del Consejo Insular de Gobierno por no cumplir la normativa vigente, se desencadenó una campaña de insultos y descalificaciones personales de manera anónima, que llevó a Armas a presentar una denuncia, y que a posteriori se demostró, una vez identificados los autores, que ambas cuestiones estaban relacionadas, algo que en principio no pensaba que estuviese relacionado.

GMº ¿Qué le dicen en el momento de presentar la denuncia?

- En general, hay escepticismo sobre la posibilidad de obtener una sentencia favorable en una denuncia por insultos y delitos contra el honor y la propia imagen.  Pero yo siempre creí en la eficacia de la justicia y de las fuerzas de seguridad, para la investigación y sanción de estos delitos.

GMº ¿Qué supone para usted, que un juez admita a trámite e inicie una investigación, para romper el anonimato de una IP que parece una barrera infranqueable?

- Será una barrera infranqueable para cualquier ciudadano, pero no para la policía científica. En este caso, además, los denunciados no utilizaba sus teléfonos móviles, sino el teléfono de un colegio, el de unas oficinas en Madrid, el de la madre de la imputada, etc. Pero la magnífica labor de los investigadores, que incluso tuvieron que recurrir a un rogatorio judicial a un país extranjero, permitieron la identificación de dichas personas.

GMº ¿Qué pensó cuando se le comunicó la identidad de los ofensores?

- Pues la verdad es que me llevé una sorpresa. No sospechaba lo más mínimo de que ellos fuesen los acosadores que, durante más de dos años, cada vez que mi nombre salía en algún medio por actuaciones de obras de la consejería u otras, aprovechaban para emitir una sarta de insultos y descalificaciones personales de toda índole.  Se trata de una pareja que vinieron de fuera y compraron una casa en nuestra Isla, para disfrutar de estancias o vacaciones, y que, sin la licencia correspondiente, construyeron una valla en una margen de la carretera.

GMº ¿Qué hechos dieron lugar a esa campaña de insultos y difamaciones?

- Cuando el encargado de carreteras del Cabildo les advirtió de la ilegalidad de su actuación, dio lugar a un fuerte altercado, tras lo cual, este encargado presentó una queja verbal por sentirse coaccionado e insultado por los propietarios de la parcela. Como consejero de Obras del Cabildo, me presenté en el lugar de los hechos. Les manifesté que estábamos a su disposición para facilitarles información o asesoramiento por parte de la Institución, pero que yo no podía cuestionar ni autorizar la obra realizada, porque era competencia de los técnicos valorar la correspondiente licencia, para lo cual debían presentar un proyecto de la misma.

Estuvieron en mi despacho insistiendo en que querían legalizar dicha obra, porque el proyecto se lo había hecho un técnico particular. Yo les advertí que la obra no se iba a demoler de inmediato, pero que debían presentar un proyecto y solicitar la licencia para legalizarla.

Presentaron la solicitud de legalización, que les fue denegada en Consejo de Gobierno por unanimidad de los grupos políticos, ya que el informe de los técnicos del Cabildo era desfavorable, al no cumplir con los retranqueos establecidos.

A continuación, presentaron un recurso judicial contra la decisión del Consejo de Gobierno del Cabildo, y desde entonces comenzaron con una verdadera campaña de insultos y descalificaciones, recurriendo incluso a asuntos particulares concernientes a mi familia, para lo que utilizaban seudónimos o perfiles falsos en medios de comunicación y redes sociales.

GMº Al final no hubo juicio, porque llegaron a un acuerdo en el acto de conciliación en el juzgado.

- Efectivamente, no se celebró el juicio porque ellos reconocieron en sede judicial su culpabilidad, pidieron disculpas, y se comprometieron a publicar el acuerdo y a indemnizarme con diez mil euros. Además, tuvieron que pagar obviamente abogados y procuradores. Y aunque mi abogado pedía cincuenta mil euros de indemnización, aceptamos el acuerdo de diez mil euros, porque sinceramente lo importante no era la compensación económica, sino la satisfacción moral de que se hubiesen identificado a los autores de esa campaña auténticamente infame. 

GMº¿Es este un mensaje para navegantes?

- Puede interpretarse así efectivamente, como un mensaje a los que creen que, por utilizar un seudónimo o un perfil falso en las redes sociales o medios de comunicación digitales, pueden actuar con impunidad. Yo entiendo, y me parece asumible, que alguien no quiera ser identificado, cuando por sus circunstancias personales o laborales, tuviesen temor a unas represalias al hacer una crítica a actuaciones de políticos o de otras personas.  Pensemos en funcionarios interinos haciendo crítica a sus superiores, empresarios que contratan con administraciones, o simplemente, parados que buscan un trabajo en un plan de empleo. Ese temor existe, y más en una comunidad pequeña y cerrada como la sociedad herreña. La crítica constructiva es sana, aunque sea anónima. Pero lo que no se puede entender ni admitir, es que alguien utilice ese anonimato, para someter a escarnio público a una persona, amparándose en una supuesta impunidad. Y conviene que se sepa que, aunque utilicen un IP de la Patagonia, al final pueden ser identificados y exigirles la correspondiente responsabilidad.

Creo que este procedimiento judicial, ha sido sobre todo un triunfo de la verdad, el respeto y la justicia. Y que debemos sentirnos orgullosos, porque tenemos en nuestro país una administración de justicia que funciona, y unas fuerzas de seguridad que realizan una extraordinaria labor para para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.