Redacción/Tras haber forzado su caducidad mediante la Orden de 11 de marzo de 2020, María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) vuelve a paralizar la Declaración del BIC Silbo Herreño, al no haber convocado al Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias en el plazo de tres meses que prevé el art. 32.1 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio cultural de Canarias, denuncian.
Una vez recibida la Orden de 11 de marzo de 2020, que forzó la caducidad de 155 BIC canarios para no incomodar a Casimiro Curbelo Curbelo (ASG) y salvaguardar así el Pacto de las Flores, la comunidad de portadores del silbo herreño volvió a solicitar inmediatamente a su Cabildo Insular la incoación del expediente de Declaración de BIC de esta manifestación cultural en peligro de extinción. El Consejo de Gobierno de la corporación insular lo convalidó y remitió a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias el 27 de abril de 2020.
Sin embargo, pese a que el art. 32.1 de la Ley 11/2019 establece un plazo de tres meses para que se convoque el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, la Directora General de Patrimonio Cultural María Antonia Perera Betancor no ha movido ficha, poniendo nuevamente de manifiesto su total desinterés hacia la conservación del silbo herreño.
“Una manifestación lingüística singular en peligro de extinción que prometió públicamente proteger. La misma actitud renuente se ha observado en la causa que le ha abierto el Defensor del Pueblo, cuyos dos requerimientos de documentación permanecen sin respuesta pese haber transcurrido siete meses” denuncian desde la comunidad de portadores del silbo herreño.
La comunidad de portadores del silbo herreño, advierte que la Ley 11/2019 establece que, si no se convoca el Consejo, la tramitación del BIC debe continuar hacia la fase de propuesta y declaración. Asimismo, señalan que no hay causa alguna que justifique la caducidad forzada del expediente ni su estado de paralización actual, advirtiendo que esta situación anómala podría ser constitutiva de un delito penal.
