Redacción/El Pleno del Cabildo aprobó este lunes, 2 de julio, una declaración institucional en defensa del servicio público de los servicios informativos del ente Radio Televisión Canaria y en apoyo a los trabajadores y trabajadores subcontratados

Desde 1999 la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con el servicio público informativo de la Radio Televisión Canaria (RTVC). Durante estos años la relación entre la Radio y Televisión pública con los canarios se ha ido consolidando, prestando un servicio público esencial puesto en evidencia en situaciones de alerta por emergencias en el Archipiélago, cuando ha garantizado la emisión de información oficial rigurosa y puntual con el objetivo de favorecer la autoprotección por parte de los canarios.

El nacimiento de las delegaciones insulares de la Televisión Canaria (en 2005 se llegó a emitir en desconexión los informativos insulares para cada una de las islas) vino a garantizar la descentralización informativa de las islas capitalinas, cubriendo el servicio público desde todos los rincones del Archipiélago.

De todos es conocido que durante los últimos meses la continuidad de los servicios informativos, gestionados hasta el 30 de junio por Videoreport, ha estado en entredicho, una crisis que llegó a su máximo exponente con la dimisión el pasado mes de mayo del presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín.

Desde entonces se han buscado soluciones para que la televisión pública no se fuera a negro. Por unanimidad, el pasado mes de mayo en el Parlamento de Canarias, se acordaba el nombramiento de un administrador único, José Carlos Naranjo, con una difícil tarea hasta el momento que la Cámara nombre a todos los miembros del Consejo Rector para un nuevo mandato y se alcancen acuerdos sobre las dos proposiciones de ley que se están debatiendo sobre el modelo de la televisión pública (gestión directa de los servicios informativos o a través de una empresa privada mediante un procedimiento de adjudicación).

 

Entre las primeras medidas adoptadas por el administrador único y respaldada por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de junio, se encuentra la subrogación de los trabajadores de los servicios informativos de la Televisión Autonómica, en concreto, los que dependen de la empresa que presta el servicio en la actualidad, Videoreport, asumiendo a 220 trabajadores que llevan cabo su labor en los centros de producción en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

La medida ha olvidado por el momento a los 90 trabajadores de empresas subcontratadas por el concesionario de los informativos que llevan a cabo el mismo servicio en las islas no capitalinas (10 de ellos en la isla de El Hierro), garantizando la información desde cualquier isla del Archipiélago. Unos trabajadores que no han sido subrogados y continúan viviendo con angustia e viviendo con incertidumbre su futuro laboral.

Desde esta Institución hacemos un llamamiento para que no sean considerados trabajadores de segunda por el simple hecho de no trabajar en islas capitalinas, recordando que estos profesionales han denunciado peores condiciones laborales y salariales a las de sus compañeros de Videoreport, a lo que ahora se suma un futuro incierto.

En este sentido denunciamos que el personal de las empresas “subcontratadas” carece de Convenio Colectivo propio, inobservándose incluso el Convenio Colectivo específico en el ámbito audiovisual. Existe una brecha salarial que ronda los 300 o 400 euros mensuales, ello por desempeñar similares cometidos, durante las mismas horas y con idénticas responsabilidades. A la inseguridad se une la discriminación laboral. Es justa la reivindicación de, ante un mismo trabajo, tener las mismas condiciones.

Es por ello por lo que , el Cabildo de El Hierro, especialmente en estos momentos de importantes decisiones, manifiesta su apoyo incondicional a los 90 profesionales subcontratados de los servicios informativos de RTVC excluidos de la reciente subrogación, esperando que de una vez por todas su resuelva su situación, se asegure el mantenimiento de los puestos de trabajo, la equiparación por mejora de sus condiciones laborales a las del resto de compañeros, así como se asegure el fortalecimiento de los servicios públicos informativos con los recursos que procedan.

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