Redacción/El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha calificado hoy, martes en El Hierro, de “miserables” las declaraciones de la alcaldesa de Mogán y su pretensión de que el Gobierno de España asuma los costes económicos derivados del enterramiento de los migrantes que llegan muertos a las costas de este municipio y que “no representan un esfuerzo económico para esta administración”.

“Se trata de unas declaraciones, de tal inhumanidad, que no se corresponden con un servidor público” aseguró Pestana. 

Según ha informado delegado del Gobierno en Canarias, y a tenor de las declaraciones de la propia alcaldesa de Mogán, realizadas en el día de hoy, el coste que ha asumido por el Ayuntamiento de Mogán durante este tiempo en concepto de enterramientos de migrantes es de 13.000 euros, para una administración pública con un presupuesto de 48 millones de euros anuales. 

“Es una cuestión que no supone un esfuerzo económico importante para este municipio, y que todos los Ayuntamientos asumen de forma pacífica” expresó Pestana.

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“Da hasta vergüenza hablar de esto” expreso delegado del Gobierno en Canarias.

En este sentido, Pestana, puso como ejemplo de solidaridad y asunción de responsabilidades, el Cabildo de El Hierro, “una administración pequeña, insular de la que hemos obtenido más colaboración en todos estos años, que la que se manifiesta a través del Ayuntamiento de Mogán” aseguró el delegado del Gobierno en Canarias.

En cuanto a la retirada de las embarcaciones que se acumulan en los puertos canarios, Pestana ha informado que la delegación del Gobierno en Canarias, asumirá la retirada de cayucos y pateras de los puertos canarios y los costes derivados de esta acción, unas labores que se han venido realizando con la colaboración de un organismo estatal, pero que ahora “la delegación contará con recursos propios para hacerlo de forma más rápida para retirar y destruir, sobre todo en las islas no capitalinas donde existen menos recursos para acumularlos” aseguro delegado del Gobierno en Canarias, unas acciones que tienen la finalidad de no obstaculizar el normal funcionamiento de un puerto como el de La Restinga, él más a sur de la isla.