El Gobierno de España tiene que asumir que las Islas Canarias tienen un coste, un muy alto coste, para ser habitadas.

Nuestras Islas son un lujo, suponen un altísimo precio y una exclusividad de nacionalidad y de bandera que hay que pagar, entre todos los españoles.

Y, en este contexto de lo canario, respecto a las islas que sufrimos la triple insularidad, el Gobierno de Canarias tiene que asumir, que somos tres veces, cuatro veces más caras, que las islas capitalinas.

Es decir, que, si se quiere que El Hierro, La Gomera, por ejemplo, estemos habitadas, se tiene que estar dispuesto a pagar el alto precio que ello exige.

Pero el caso es que, muchos políticos, muchos canarios, confunden nuestras necesidades más básicas con privilegios.

Si hay en toda España un territorio en el que se justifica un régimen administrativo, económico y social especial, es Canarias. Y si hay un territorio en Canarias, en el que se justifique un régimen administrativo, económico y social especial somos las islas no capitalinas, como El Hierro.

Sufrimos de despoblación, con todo lo que ello conlleva. Nuestros jóvenes nos dejan, apenas hay nacimientos, y cada vez somos más los viejos, el porcentaje de población activa es ridículo, hablar de PIB insular es un sarcasmo, carecemos de industria, de un turismo de calidad, de una demanda que sostenga el comercio, y de un sector primario muy poco rentable para el agricultor, caracterizado por el abandono generalizado de huertos y fincas, y cuando queremos llevar a cabo una obra tenemos que convocar un concurso público que gana una empresa con sede en el otro extremo de la península que finalmente subcontrata libremente a una empresa insular que es la única que conoce la idiosincrasia del lugar de ejecución.

Vivimos, administrativamente, lejos del sentido común.

En definitiva, en la isla, como se ve, seguimos siendo una colonia, hasta el punto de que cuando se nos designa se hace referencia no a lo que somos, sino a lo que no somos: islas no capitalinas.

Nuestro futuro es cursi y poco halagüeño.

El actual esquema administrativo no funciona. Es hora de probar en otra dirección. 

Lo aprobado en el Parlamento Español, en el Parlamento Autonómico es muy a menudo inaplicable, sin caer en el abuso en un ámbito insular como el herreño. Al final se abusa del vecino, de la empresa local, y se hace un cálculo muy erróneo de su capacidad de resistencia. 

La Ley está pensada para grandes núcleos de población, en los que se cuenta con infraestructuras y dotaciones que permiten su desarrollo. Pero en nuestra isla, cuando aplicamos esa normativa, nos hacen caer en lo ridículo, en el incremento gigantesco de los costes de gestión.

Por esta razón, el primer paso debería darse dotando al Cabildo Insular de las herramientas que permitan reglamentar la norma, adaptar, interpretar y hacer viable la intención del legislador.

Necesitamos un entorno favorable a la competitividad, y para ello es esencial ampliar las competencias de nuestro Cabildo Insular, reordenar el sistema de reparto de responsabilidades entre las distintas administraciones, porque, el Cabildo es, en la práctica, la cabeza más preparada de todas las administraciones para responder a todo problema de ámbito insular.

En los Cabildos clamamos por recuperar ese grado de autarquía histórica, de autosuficiencia social y de dotación financiara sostenible. El Cabildo debe estar para administrar y reglamentar ampliamente.

Todos sabemos que mucha de la política que desarrolla el gobierno autonómico es transferible al Cabildo insular. Si no se hace es porque estamos anclados en soluciones que tienen más de 100 años y en interpretaciones de adolescentes. Debemos ser, imaginativos, y estar abiertos a propuestas innovadoras.

Es el momento de reducir, insularmente, la enorme carga administrativa, de ampliar las competencias administrativas del Cabildo, para que así los Ayuntamientos puedan centrarse en la ejecución.

Cualquiera que conozca la administración por dentro sabe que el actual esquema de bucle nos condena, y, a pesar, lo seguimos. Un resumen de esta situación bucle es el sistema de subvenciones. El acudir a los incentivos y ayudas de forma permanente como la única respuesta práctica en manos del político que quiere hacer cosas, frente a la titánica tarea de fomentar proyectos concretos que la minuciosidad burocrática se empecina en regular tanto que los hace inviables.

Hay que contar con las competencias insulares que permitan salir del bucle de la ultra-periferie-territorialidad.

Hay que hacer de el Cabildo el estímulo del Insularismo; y, del Insularismo, la razón de ser de un Cabildo que proporcione un entorno favorable para los ciudadanos.

David Cabrera de León

Presidente de Asamblea Herreña